“Operación Pegasus”: la frase de una diputada oficialista que sigue sin explicación y enciende alarmas sobre espionaje en Costa Rica

Política | Costa Rica | 17 de agosto, 2026

Una frase pronunciada en el plenario legislativo el 12 de agosto mantiene en vilo a sectores de la oposición y organizaciones de derechos digitales en Costa Rica. La diputada oficialista Kattia Calvo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mencionó lo que llamó “operación Pegasus” al defender el decreto de secreto de Estado impulsado por el Gobierno de Laura Fernández para información vinculada a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Fuerza Élite y el Consejo Nacional de Seguridad.

La frase surgió como respuesta a la diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, quien había cuestionado el alcance de la declaratoria de secreto y advertido sobre el riesgo de que el Ejecutivo adquiera Pegasus, el software espía israelí desarrollado por NSO Group, cuyo uso contra periodistas y activistas ha sido documentado en países como México y El Salvador.

Consultada después por la prensa, Calvo negó que su comentario tuviera relación con el programa de espionaje y calificó de “conspiranoia” las preocupaciones planteadas, insistiendo en que Costa Rica atraviesa una situación de seguridad crítica que justifica clasificar información sensible como secreto de Estado. Pese a esa aclaración, la diputada no explicó a qué se refería exactamente con la expresión “operación Pegasus”, y remitió las consultas posteriores a su equipo de prensa.

Segura no quedó conforme con la respuesta. La legisladora del Frente Amplio señaló que las declaraciones de Calvo encendieron alarmas, pues no le quedó claro si se trataba de una confirmación del uso del software o de una burla al control político, y recordó que ya se han documentado violaciones a derechos de periodistas y activistas en otros países de la región, como El Salvador, donde algunas personas tuvieron que salir del país por persecución asociada a este tipo de herramientas.

Un decreto bajo cuestionamiento legal

La controversia no se limita a la frase de Calvo. El decreto de secreto de Estado que motivó el intercambio también enfrenta objeciones jurídicas serias. De cinco abogados consultados sobre el texto, cuatro concluyeron que es claramente inconstitucional, y el constitucionalista Rubén Hernández estimó que poco más del 90% del decreto no superaría una revisión constitucional, señalando que solo la parte referida a la DIS podría sobrevivir, aunque no en su redacción actual por resultar demasiado amplia.

En esa misma semana, el oficialismo rechazó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico una moción del Frente Amplio para llamar a comparecer a la presidenta Fernández y a otros jerarcas —incluido el director de la DIS— por el alcance del decreto.

Los riesgos de fondo

Más allá de si Costa Rica ha adquirido o no tecnología como Pegasus, expertos en derechos digitales insisten en que la sola posibilidad exige vigilancia ciudadana. Especialistas consultados por medios nacionales han explicado que la infección de un teléfono mediante este tipo de software ha evolucionado y a primera vista no siempre es posible identificar si un dispositivo está intervenido. A nivel internacional, relatorías especiales de Naciones Unidas sobre privacidad y libertad de expresión han pedido una moratoria a la venta y adquisición de estos sistemas hasta contar con un marco legal claro, en línea con iniciativas como el Pall Mall Process, impulsado por países como Francia y Reino Unido.

El precedente regional es la razón por la que la ambigüedad de Calvo no pasó desapercibida: Pegasus ha sido usado contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos en distintos países de América Latina, y Segura comparó el riesgo con el escándalo que en su momento generó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) durante la administración de Carlos Alvarado.

Por ahora, ni el Gobierno ni Calvo han aclarado qué significa exactamente “operación Pegasus”. Lo que sí queda planteado es una pregunta que trasciende la frase: ¿Qué controles existen —y cuáles faltan— sobre las capacidades de vigilancia del Estado costarricense?