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Algoritmo vs democracia. Cuando la propaganda gobierna.

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Por Adriana Campos Durán

Las democracias no se deterioran únicamente cuando se restringen las libertades o se debilitan las instituciones. También empiezan a erosionarse cuando la verdad deja de ser el punto de partida del debate público. Una ciudadanía que toma decisiones basada en información manipulada, emociones amplificadas artificialmente o narrativas diseñadas para distraer, termina votando, opinando y participando desde una realidad distorsionada.

La reciente información publicada, que revela la incorporación de varios creadores de contenido e influencers como asesores de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano, reabre una discusión que trasciende los nombramientos en sí mismos. El debate no consiste en cuestionar la legitimidad de que una persona dedicada a las redes sociales ocupe un cargo público. El verdadero problema aparece cuando quienes ejercen funciones financiadas con recursos públicos mantienen simultáneamente una estrategia permanente de construcción de propaganda política disfrazada de contenido espontáneo.

Las redes sociales democratizaron la comunicación. Eso es una buena noticia. Hoy cualquier ciudadano puede expresar sus ideas y fiscalizar al poder. Sin embargo, también abrieron la puerta a nuevas formas de manipulación política mucho más sofisticadas que la propaganda tradicional. Los influencers generan cercanía, confianza y una sensación de autenticidad que muchas veces supera la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales. Precisamente por eso representan una herramienta tan poderosa para construir percepciones políticas.

El riesgo no está en que exista comunicación política digital. Toda democracia la necesita. El problema surge cuando esa comunicación sustituye el debate de las políticas públicas por campañas permanentes de entretenimiento, confrontación y simplificación extrema de la realidad.

Costa Rica atraviesa uno de los procesos de polarización política más profundos de las últimas décadas. Cada decisión pública parece reducirse a una lógica binaria: amigos o enemigos, patriotas o traidores, pueblo o élites. En ese ambiente, la información objetiva pierde espacio frente a contenidos diseñados para generar indignación, viralidad y fidelidad emocional.

Mientras miles de publicaciones ocupan la conversación digital defendiendo diariamente al gobierno o atacando a sus críticos, los grandes problemas nacionales pasan a un segundo plano. La discusión deja de concentrarse en el aumento de la desigualdad, la reducción de la inversión social, las listas de espera en salud, la crisis educativa, el deterioro ambiental o el crecimiento de la inseguridad. En su lugar aparecen polémicas cuidadosamente seleccionadas que funcionan como auténticas cortinas de humo.

La desinformación no siempre consiste en difundir noticias falsas. Muchas veces opera mediante la omisión sistemática de los temas realmente importantes. También manipula cuando exagera conflictos secundarios hasta convertirlos en el centro del debate nacional, desplazando cualquier análisis serio sobre las consecuencias de las decisiones gubernamentales.

Ese fenómeno resulta especialmente preocupante cuando coincide con un cambio de modelo de Estado. Durante décadas, Costa Rica construyó un Estado social de derecho sustentado en la educación pública, la salud universal, la seguridad social y la inversión en igualdad de oportunidades. Hoy observamos una tendencia distinta: un Estado que privilegia el recorte de la inversión social, debilita instituciones públicas y presenta esas reducciones como sinónimo de eficiencia administrativa

Toda administración tiene derecho a defender sus políticas. Lo que no debería ocurrir es que la comunicación política termine sustituyendo la rendición de cuentas. La popularidad no puede convertirse en el principal indicador de éxito de un gobierno cuando existen sectores cada vez más vulnerables que experimentan un deterioro en sus condiciones de vida.

Las democracias saludables requieren ciudadanos críticos, medios de comunicación independientes, información verificable y debates sustentados en evidencia. Cuando el algoritmo sustituye al argumento, el video viral reemplaza al análisis y la propaganda desplaza al periodismo, la calidad de la democracia comienza a deteriorarse silenciosamente.

Costa Rica necesita recuperar una conversación pública basada en hechos, no en emociones diseñadas estratégicamente para maximizar interacciones. Necesita discutir soluciones de fondo y no únicamente narrativas de corto plazo. Porque una democracia puede sobrevivir a gobiernos buenos o malos, pero difícilmente sobrevivirá si los ciudadanos dejan de distinguir entre información y propaganda.

La defensa de la democracia no pasa únicamente por acudir a votar cada cuatro años. También exige proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, plural y verificable. Solo así las decisiones colectivas podrán responder a la realidad del país y no a las percepciones cuidadosamente construidas desde una estrategia de comunicación política permanente.

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Máster en Comunicación Política