Hacienda pondrá bajo observación las cuentas que reciban más de 150 SINPE Móvil al mes. “Es un indicio de actividad comercial”, afirma viceministro
San José, Costa Rica
El Ministerio de Hacienda aseguró que la cantidad de transferencias recibidas mediante SINPE Móvil no será, por sí sola, un criterio para determinar que una persona desarrolla una actividad económica o incurre en evasión fiscal. La aclaración surge en medio del debate sobre las nuevas medidas de control tributario que pretende implementar la institución para fortalecer la fiscalización de operaciones comerciales realizadas por medios electrónicos.
El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, explicó que existen múltiples razones por las cuales una persona puede recibir un alto número de transferencias mensuales sin que ello signifique que realiza ventas de bienes o presta servicios. Entre esos casos mencionó colectas familiares, actividades comunitarias, grupos de ahorro, pagos compartidos y otras operaciones que no constituyen una actividad lucrativa.
No obstante, indicó que cuando las autoridades detecten patrones de comportamiento que puedan resultar inusuales, estos servirán únicamente como una señal de alerta para iniciar un análisis más detallado. En ningún caso, afirmó, la cantidad de transacciones será suficiente para presumir un incumplimiento tributario.
Las declaraciones se producen mientras Hacienda impulsa una reforma al Reglamento del Procedimiento Tributario que obligaría a las personas y empresas inscritas como contribuyentes a registrar ante la Administración Tributaria los números telefónicos asociados a los medios de pago electrónicos utilizados en su actividad económica, incluyendo aquellos vinculados con SINPE Móvil.
Según la cartera, el objetivo de la medida es mejorar la trazabilidad de las operaciones comerciales y contar con mayores herramientas para combatir la informalidad y la evasión fiscal, sin crear nuevos impuestos ni establecer cobros sobre las transferencias realizadas a través de la plataforma del Banco Central de Costa Rica.
Hacienda sostiene que el crecimiento acelerado del uso de SINPE Móvil ha convertido este mecanismo en uno de los principales medios de pago del país. Solo durante 2025 se movilizaron más de ₡12,5 billones mediante esta plataforma, mientras que al cierre de mayo de 2026 existían más de 4,8 millones de números telefónicos afiliados al servicio. Ese volumen de operaciones, señala la institución, hace necesario fortalecer los mecanismos de supervisión tributaria.
Las autoridades también recalcaron que la información obtenida será utilizada dentro de los procedimientos legales de fiscalización y que cualquier investigación deberá sustentarse en un análisis integral de cada caso. Esto incluye revisar si las transacciones corresponden efectivamente a ingresos derivados de actividades comerciales y si existe la obligación de emitir comprobantes electrónicos y declarar los impuestos correspondientes.
Especialistas en materia tributaria han señalado que el uso de SINPE Móvil no constituye un mecanismo de evasión en sí mismo, ya que las transferencias dejan un registro que facilita la trazabilidad de las operaciones. Sin embargo, advierten que cuando un contribuyente recibe numerosos pagos relacionados con una actividad económica sin emitir facturas electrónicas o sin reflejar esos ingresos en sus declaraciones tributarias, la Administración puede iniciar procesos de verificación conforme a la legislación vigente.
La propuesta de reforma permanece en consulta pública y, una vez concluido ese proceso, Hacienda evaluará las observaciones recibidas antes de definir la versión final del decreto. Si entra en vigor, los contribuyentes deberán actualizar la información de sus medios de pago dentro de los plazos que establezca la Administración Tributaria.
Mientras tanto, el Ministerio insiste en que el propósito de la iniciativa no es gravar las transferencias realizadas por SINPE Móvil ni perseguir a quienes utilizan la plataforma para fines personales, sino fortalecer los mecanismos de control sobre las actividades económicas que, por ley, deben cumplir con sus obligaciones fiscales.
