PLN lleva a la Sala Constitucional presupuesto extraordinario y advierte presunta invasión de competencias del Poder Ejecutivo

San José, Costa Rica 26 de junio 2026

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) elevó a conocimiento de la Sala Constitucional el trámite del Primer Presupuesto Extraordinario de la República 2026, al considerar que durante su discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios se habrían producido presuntas violaciones al procedimiento legislativo y una eventual invasión de competencias que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Ejecutivo.

La consulta facultativa de constitucionalidad fue presentada por las diputadas Ángela Aguilar y Diana Murillo, así como por el diputado Salvador Padilla, integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, junto con otros legisladores de la bancada verdiblanca. La acción busca que los magistrados determinen si el trámite del expediente legislativo N.° 25.589 respetó el marco constitucional que regula la aprobación de los presupuestos públicos.

De acuerdo con los legisladores, durante el análisis del proyecto la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó nueve mociones que incorporaron partidas y subpartidas que no formaban parte del texto originalmente remitido por el Poder Ejecutivo, situación que, a criterio del PLN, podría contravenir lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y exceder las facultades que la Constitución otorga al Congreso en materia presupuestaria.

Entre las modificaciones cuestionadas figuran recortes por ₡40.000 millones destinados a los programas de CEN-CINAI y ₡30.000 millones asignados a programas de vivienda. Según la consulta presentada, esos recursos fueron posteriormente reasignados mediante partidas que no estaban contempladas en la iniciativa enviada originalmente por el Ejecutivo.

Para la bancada liberacionista, el debate trasciende la discusión sobre el destino específico de los recursos públicos y se centra en el respeto al principio de separación de poderes.

“Lo que está en discusión no es solo el destino de recursos públicos, sino el respeto a los límites que la Constitución impone a cada Poder de la República. La Asamblea Legislativa no puede sustituir al Ejecutivo en la formulación del presupuesto nacional”, señalaron los diputados en el comunicado remitido a la prensa.

El recurso también señala que tanto el Departamento de Servicios Técnicos como el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa habrían advertido durante el trámite sobre los límites constitucionales y reglamentarios para introducir modificaciones de esa naturaleza en proyectos presupuestarios. Según los promoventes, dichas observaciones no fueron atendidas durante la discusión en comisión.

La consulta plantea que las actuaciones podrían vulnerar los artículos 177 y 180 de la Constitución Política, los cuales atribuyen al Poder Ejecutivo la iniciativa y formulación del presupuesto nacional. Bajo esa interpretación, la Asamblea Legislativa conserva la potestad de aprobar, improbar o modificar partidas dentro de determinados límites, pero no de transformar sustancialmente la propuesta presupuestaria mediante la creación de nuevos destinos del gasto no contemplados por el Ejecutivo.

La presentación del recurso implica ahora que corresponderá a la Sala Constitucional determinar si existieron vicios esenciales durante la tramitación del proyecto y si las modificaciones introducidas por la Comisión de Asuntos Hacendarios respetaron el diseño constitucional sobre la distribución de competencias entre los Poderes de la República.

El pronunciamiento de la Sala IV podría tener efectos que trasciendan este expediente en particular. De confirmarse la existencia de irregularidades, la resolución establecería un precedente sobre los límites que deben observar las comisiones legislativas al modificar proyectos de presupuesto remitidos por el Poder Ejecutivo. En caso contrario, la sentencia también contribuiría a delimitar el alcance de las potestades de control político que ejerce el Congreso sobre las finanzas públicas.

Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre la necesidad de garantizar que las decisiones presupuestarias se adopten respetando los procedimientos constitucionales, un aspecto que especialistas consideran fundamental para preservar el equilibrio institucional y la seguridad jurídica en el manejo de los recursos del Estado