Costa Rica: El país que se blinda por arriba y se desarma por abajo
Política | Costa Rica | 8 de setiembre, 2026
La presidenta Laura Fernández describe una vida cercada por la amenaza criminal. Al mismo tiempo, su Gobierno propone recortar y congelar recursos a las instituciones que investigan y acusan a ese mismo crimen organizado. La contradicción no es anecdótica: es la ruta por la que se abren portillos.
Hay una frase de la presidenta de la República que merece leerse dos veces. Al defender el operativo de seguridad que la rodea —perros, drones, escoltas permanentes— Laura Fernández describió el costo cotidiano de gobernar bajo amenaza: “No puedo ni ir a comprar pan”, dijo. Contó que ha recibido intimidaciones que alcanzaron incluso el domicilio de su madre.
La declaración es creíble y el país debería tomarla en serio. Una mandataria que no puede detenerse en un semáforo ni caminar por una feria del agricultor está describiendo, sin proponérselo, el grado de penetración que las estructuras criminales han alcanzado en Costa Rica.
Pero esa misma frase abre una pregunta incómoda, y es la pregunta que esta nota quiere poner sobre la mesa: si el crimen organizado tiene la capacidad de amenazar a la jefa de Estado, ¿por qué el presupuesto del Gobierno propone para 2027 debilitar justamente a las instituciones encargadas de perseguirlo?
Lo que dice el proyecto de presupuesto
El 1° de setiembre, el ministro de Hacienda y expresidente Rodrigo Chaves presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto Nacional 2027: ₡12,4 billones, un 3,1 % menos que el presupuesto vigente. Casi ₡393.000 millones menos de gasto.
Dentro de ese ajuste, las cifras que corresponden al aparato de justicia penal son las siguientes:
| Institución | 2026 | 2027 (propuesto) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ministerio Público | ₡63.627 millones | ₡59.105 millones | −₡4.522 millones |
| OIJ | ₡131.623 millones | ₡127.899 millones | −₡3.725 millones |
| Ministerio de Seguridad Pública | ₡356.606 millones | ₡350.451 millones | −₡6.155 millones |
Fuente: proyecto de Presupuesto Nacional 2027, expediente 25.754.
En conjunto, la función presupuestaria de Orden Público y Seguridad se reduce en unos ₡205.000 millones.
A eso hay que sumarle un mecanismo que no aparece como recorte, pero opera como tal. Además de un recorte efectivo de ₡10.000 millones al Poder Judicial, el Ejecutivo propuso congelar ₡29.843,8 millones mediante normas de ejecución presupuestaria. El dinero quedaría presupuestado, pero la Corte no podría usarlo libremente: primero tendría que cumplir requisitos definidos por Hacienda y luego pedir autorización a la Asamblea Legislativa.
El Poder Judicial advirtió que el procedimiento no fija un plazo cierto para liberar esos fondos. En la práctica, eso significa incertidumbre sobre compras, contrataciones y sustitución de plazas desde los primeros meses del año. La Corte Plena acordó designar a su Presidencia para defender el presupuesto ante el Ejecutivo y el Legislativo. Una magistrada describió el escenario como un cierre técnico de la institución. Un juez fue más directo al describir el clima entre poderes: “el enemigo es el Poder Judicial”.
Por qué esto importa más de lo que parece
Es tentador leer estas cifras como una discusión contable entre poderes. No lo es. Es una discusión sobre capacidad estatal, y la capacidad estatal es exactamente el terreno donde el crimen organizado gana o pierde.
Conviene ser precisos, porque la precisión es lo que hace fuerte el argumento. Los homicidios en Costa Rica vienen a la baja. Tras el récord de 907 en 2023, el país cerró 2024 con 880 y 2025 con 873. Al 12 de agosto de 2026 el OIJ contabilizaba 482 víctimas, frente a 548 en el mismo período del año anterior.
Esa baja es real y hay que reconocerla. Pero decir “hay menos homicidios” no es lo mismo que decir “hay menos crimen organizado”. Y ahí está el punto.
Entre enero y abril de 2026, el 61 % de los homicidios dolosos correspondió a ajustes de cuentas, el móvil que el propio OIJ vincula de forma directa con estructuras criminales organizadas. Es decir: la violencia letal que persiste en el país es, mayoritariamente, violencia de mercado ilícito. Y mientras la cifra nacional baja, Limón, Puntarenas y Cartago acumulan más víctimas que el año anterior. La reducción agregada esconde reacomodos territoriales.
Un descenso de homicidios producido por operativos policiales sostenidos no es una victoria consolidada: es una tregua que depende de que la capacidad institucional se mantenga. Si esa capacidad se reduce, la tregua se acaba.
El portillo real
El crimen organizado no derriba democracias con golpes de Estado. Las erosiona por dentro, y lo hace aprovechando tres condiciones que hoy están sobre la mesa costarricense.
Primero: la impunidad estructural. Una fiscalía con menos recursos no deja de recibir denuncias; simplemente acumula casos que nunca llegan a juicio. Cuando la probabilidad de sanción cae, el cálculo de riesgo del delincuente cambia. La impunidad no es un subproducto del debilitamiento presupuestario: es su consecuencia directa y previsible.
Segundo: la capacidad investigativa. El OIJ es el órgano que reconstruye estructuras, sigue el dinero y documenta redes. El Poder Judicial ya advirtió que un recorte de esta magnitud implica reemplazo cero de vehículos —de los cuales el 51 % corresponde al OIJ—, freno a la inversión tecnológica y pausa en proyectos de seguridad institucional. Investigar crimen organizado exige tecnología, movilidad y personal especializado. Sin eso, el Estado deja de perseguir estructuras y pasa a capturar peones reemplazables.
Tercero, y el más grave: el control político sobre el presupuesto judicial. El congelamiento de ₡29.843,8 millones sujetos a requisitos del Ejecutivo y a autorización legislativa no es una medida de contención del gasto. Es un mecanismo que traslada al poder político la llave de operación de un poder independiente. Aunque la intención declarada sea la evaluación de la calidad del gasto, el efecto institucional es que la autonomía judicial queda condicionada a una negociación anual con quien podría, eventualmente, ser investigado por esa misma institución.
Ese tercer punto es el portillo. Los demás son daños. Este es un cambio de arquitectura.
Lo que la región ya enseñó
América Latina tiene un archivo abundante sobre este camino, y ninguno de esos casos empezó con una ruptura evidente.
Empezaron con presupuestos condicionados. Con fiscalías que perdieron recursos antes de perder independencia. Con discursos que colocaron al Poder Judicial como obstáculo del orden y no como su garante. Con ciudadanías legítimamente hartas de la violencia, dispuestas a aceptar concentración de poder a cambio de una promesa de seguridad.
Y cuando el crimen organizado encontró un Estado con capacidad investigativa reducida y contrapesos debilitados, no necesitó tomar el poder. Le bastó con negociarlo.
Costa Rica no está ahí. Tiene instituciones que todavía funcionan, una Corte que reclama públicamente y una prensa que documenta. Pero la distancia entre “no estamos ahí” y “estamos en camino” se mide precisamente en decisiones como esta.
La pregunta pendiente
La presidenta tiene razón en no normalizar que gobernar implique vivir cercada. Nadie debería aceptarlo como inherente al cargo.
Pero la protección de una mandataria y la protección de un país no se financian con la misma lógica. El operativo presidencial —perros, drones, escoltas— protege a una persona de una amenaza concreta. El Ministerio Público, el OIJ y el Poder Judicial protegen a quince mil pymes de la extorsión, a comunidades costeras del control territorial y al sistema político del financiamiento ilícito.
Blindarse por arriba mientras se desarma por abajo no es una estrategia de seguridad. Es una apuesta.
Y la discusión del expediente 25.754 en la Asamblea Legislativa, en las próximas semanas, va a definir cuánto está dispuesto a apostar este país.
