Liberación Nacional presenta agenda de seguridad energética: cuatro leyes para fortalecer al ICE y modernizar la matriz eléctrica
Política | Costa Rica | 14 de setiembre, 2026
En conjunto, la fracción liberacionista ofrece una ruta que mantiene la rectoría pública sobre el sistema eléctrico, ordena la competencia bajo reglas técnicas y traslada a las tarifas el beneficio del menor costo.
La fracción del Partido Liberación Nacional presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de cuatro proyectos de ley que conforman una agenda complementaria de seguridad energética, planteada como la alternativa desarrollada frente al proyecto de armonización del sistema eléctrico. Los expedientes 25.781, 25.782, 25.783 y 25.784 parten de una premisa común: el país no necesita desmontar el modelo que le dio una de las matrices más limpias del continente, sino dotarlo de herramientas para enfrentar la sequía, el crecimiento de la demanda y la volatilidad internacional de los combustibles.
El eje de la propuesta es el expediente 25.781, Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional. El texto recuerda que en 2025 la demanda eléctrica nacional se atendió en un 97,3% con fuentes renovables, pero advierte que la variabilidad climática, la electrificación del transporte y los riesgos geopolíticos obligan a adoptar medidas extraordinarias para evitar racionamientos.
Su apuesta institucional más fuerte es el fortalecimiento del ICE como garante del suministro. El proyecto convierte al actual Centro de Control en la Dirección de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), un ente operador con desconcentración máxima dentro del ICE, con independencia técnica y operativa y dirección nombrada por concurso público por seis años. Todos los actores del sistema —cooperativas, empresas municipales, generadores privados y las propias empresas del Grupo ICE— quedan obligados a acatar sus directrices. La ley tipifica como falta grave la injerencia política, administrativa o empresarial que pretenda alterar el orden de mérito económico del despacho.
La iniciativa también blinda el consumo nacional: la atención de la demanda interna tendrá prioridad absoluta sobre cualquier exportación al Mercado Eléctrico Regional, y solo los excedentes verificados podrán exportarse. Cada kilovatio hora exportado pagará peajes por el uso de la red y un nuevo Canon de Solidaridad Energética, fijado provisionalmente en un centavo de dólar, cuyos recursos irán al fortalecimiento del DOCSE, a infraestructura estratégica, a eficiencia energética y a la protección tarifaria de consumidores vulnerables.
En materia de matriz, el proyecto reafirma la exclusividad del ICE para el desarrollo geotérmico y crea un Canon de Conservación Geotérmica que trasladará recursos al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Además, ordena revisar al menos cada dos años el Plan de Expansión y fija un orden de prioridades para nueva capacidad: primero eficiencia energética y gestión de la demanda, luego repotenciación de infraestructura existente, renovables, almacenamiento y generación distribuida, dejando la térmica como último recurso sujeto a estudio público que demuestre que no hay alternativa de menor costo. Complementariamente, crea el Programa Nacional de Ahorro Energético y Protección Tarifaria, una Ventanilla Única Energética y un procedimiento para declarar contingencias energéticas, y exime de cargos a la generación distribuida residencial destinada al autoconsumo.
El segundo pilar es el expediente 25.783, que crea el Fondo Nacional de Solidaridad del Servicio de Electricidad (Fonassel). Con una cobertura eléctrica cercana al 99,4%, el proyecto ataca el tramo más caro: comunidades rurales dispersas, territorios indígenas y zonas de difícil acceso donde los mecanismos ordinarios de inversión no alcanzan. El fondo, adscrito a la ARESEP y con gastos administrativos topados en 2% de su presupuesto anual, se financiará con un cargo sectorial que pagarán todos los agentes que inyecten energía al sistema, sin distinción entre públicos, privados, cooperativos o municipales. Sus recursos se asignarán con prioridad absoluta al cierre de la brecha de cobertura y tendrán como ejecutores al ICE, la CNFL, las cuatro cooperativas de electrificación rural, la ESPH y JASEC.
Los expedientes 25.782 y 25.784 completan la agenda al modernizar a las dos empresas municipales del sector. La reforma a JASEC amplía sus competencias hacia almacenamiento, movilidad eléctrica y recursos energéticos distribuidos, habilita subsidiarias, alianzas estratégicas y emisión de títulos valores, y ajusta el procedimiento especial de contratación del artículo 68 de la Ley General de Contratación Pública. La reforma a la ESPH elimina el Comité Ejecutivo por duplicidad funcional, endurece los requisitos e incompatibilidades de su Junta Directiva y da respaldo legal expreso a las redes de recarga para vehículos eléctricos que la empresa opera desde 2020.
