Diputado del PLN cuestiona permanencia de jerarcas de seguridad y advierte sobre desgaste institucional
San José, Costa Rica.
El diputado Ronald Campos del Partido Liberación Nacional (PLN, insistió en el plenario legislativo que el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez Bertozzi, deben rendir cuentas y poner a disposición sus cargos ante las graves fallas de seguridad presentadas en la visita oficial de la presidenta de la República, Laura Fernández, y 30 diputados en la zona de Crucitas.
El legislador sostiene que la permanencia de los jerarcas no puede analizarse únicamente desde la confianza del Poder Ejecutivo, sino también desde el impacto que sus decisiones tienen sobre la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Según su criterio, cuando surgen dudas razonables sobre la conducción política de la seguridad, corresponde asumir responsabilidades y facilitar investigaciones independientes sin la sombra de presiones políticas.
Durante su intervención Campos mencionó que “La seguridad presidencial no se improvisa, la seguridad de los diputados no se improvisa, la inteligencia preventiva no se improvisa. Cuando una delegación oficial entra a una zona identificada con presencia de actividades ilícitas y riesgos operativos, el deber institucional era uno solo, evaluar, prevenir, asegurar, y evacuar. Si cualquiera de esas etapas falló, entonces falló el Estado. Y cuando falla el Estado en proteger a sus más altas autoridades, el mensaje que recibe el ciudadano común es devastador”, sostuvo.
Un problema de confianza pública
Más allá de los nombres propios, el debate plantea una pregunta de fondo: ¿cuánto desgaste institucional puede soportar el sistema de seguridad antes de que se erosione la confianza ciudadana?
Costa Rica enfrenta uno de los momentos más complejos en materia de seguridad de las últimas décadas. El avance del narcotráfico, el crecimiento de las estructuras criminales y el aumento de la violencia han colocado al Estado bajo una presión extraordinaria. En ese escenario, la transparencia y la rendición de cuentas dejan de ser valores deseables para convertirse en requisitos indispensables para la gobernabilidad democrática.
Para el legislador “La confianza ciudadana no se recupera con conferencias de prensa. Se recupera con rendición de cuentas. En democracias consolidadas alrededor del mundo existe un principio elemental: cuando fallan los esquemas de protección de altas autoridades, no basta con dar explicaciones; se revisan protocolos, se abren investigaciones y se asumen responsabilidades políticas.” sostuvo.
La experiencia histórica demuestra que las instituciones de inteligencia y seguridad requieren controles rigurosos precisamente por la naturaleza sensible de las funciones que desempeñan. La propia historia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) registra episodios en los que cuestionamientos públicos derivaron en renuncias de sus máximas autoridades para preservar la credibilidad institucional.
En una democracia consolidada, la renuncia de un jerarca no debe interpretarse necesariamente como una admisión de culpabilidad. Por el contrario, constituye una herramienta legítima para proteger a las instituciones mientras se esclarecen los hechos y se restablece la confianza pública.
El problema surge cuando desde el poder político se pretende presentar cualquier cuestionamiento como un ataque partidario o una conspiración. Esa narrativa puede ser efectiva para movilizar bases políticas, pero resulta insuficiente para responder a las exigencias de transparencia que demanda una ciudadanía preocupada por la seguridad y por el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La discusión no debería centrarse en la lealtad de los funcionarios hacia el Gobierno de turno, sino en su capacidad para garantizar que las instituciones actúen con independencia, profesionalismo y apego absoluto a la legalidad.
Una oportunidad para fortalecer la democracia
La coyuntura actual representa una oportunidad para demostrar que Costa Rica sigue siendo una democracia donde los pesos y contrapesos funcionan. La fiscalización legislativa, el escrutinio de la prensa y el control ciudadano no son obstáculos para gobernar; son precisamente los mecanismos que permiten preservar la legitimidad de las instituciones.
Cuando surgen cuestionamientos de relevancia pública, la respuesta no puede ser la descalificación automática de quienes preguntan. La respuesta debe ser más transparencia, más información y más rendición de cuentas.
La seguridad nacional exige firmeza contra el crimen organizado, pero también exige instituciones capaces de someterse al escrutinio democrático. Sin esa condición, cualquier estrategia de seguridad corre el riesgo de perder el respaldo ciudadano que necesita para ser efectiva.
