Sectores sociales y fracciones del bloque democrático se unen para impulsar una agenda en defensa de la democracia y el Estado Social de Derecho
San José, 29 de junio. Organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) y las jefaturas de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana suscribieron este lunes el denominado Pacto Patriótico Costarricense, un acuerdo político y social que busca articular una agenda común para fortalecer la democracia, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho en Costa Rica.
La firma del documento se realizó en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa y plantea la creación de un espacio permanente de coordinación entre movimientos sociales y fuerzas políticas democráticas para impulsar iniciativas legislativas y ejercer control político sobre temas considerados prioritarios para el país.
De acuerdo con RENASES, el pacto surge como una respuesta a los desafíos económicos, sociales, ambientales y políticos que enfrenta Costa Rica, mediante la construcción de consensos entre organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles, académicas, territoriales, religiosas y otros movimientos ciudadanos.
Uno de los principales ejes del acuerdo es la defensa del Estado Social de Derecho y del sistema democrático. Las organizaciones firmantes se comprometieron a respaldar el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de los poderes de la República, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.
En materia de seguridad ciudadana, el pacto plantea fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante un mayor respaldo presupuestario al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública, el Ministerio Público y los demás cuerpos policiales. Además, propone una transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), incorporando mayores mecanismos de control democrático y rendición de cuentas.
La salud pública ocupa un lugar central dentro de la agenda acordada. Las organizaciones impulsarán un plan para atender la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reducir las listas de espera, enfrentar la escasez de médicos especialistas y garantizar el respeto a la autonomía institucional. El documento también incorpora el compromiso de fortalecer la atención de la salud mental tanto en el sistema sanitario como en el educativo.
Asimismo, el pacto reafirma la defensa de instituciones públicas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, entre ellas el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Banco de Costa Rica y las universidades públicas.
En el ámbito educativo, las partes acordaron avanzar progresivamente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública. También plantean fortalecer la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, además de garantizar estabilidad laboral para el personal docente, técnico-docente y administrativo.
La agenda también incorpora compromisos ambientales orientados al fortalecimiento del sistema de guardaparques, la protección de los recursos naturales, la defensa del agua como derecho humano, el respaldo a las ASADAS y el mantenimiento de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto. A ello se suma el impulso de políticas de economía circular para mejorar la gestión integral de residuos.
En materia social y de derechos humanos, el pacto promueve la implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desarrollo de un Sistema Nacional de Cuidados y el fortalecimiento de las políticas dirigidas a mujeres, niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, población afrodescendiente, migrantes y comunidad LGBTIQ+.
La Fracción del PLN sostuvo que el riesgo de cierre de Corcovado evidencia una falta de planificación y de ejecución por parte del Gobierno, pese a que las advertencias institucionales existían desde hace más de dos años.
“Lo importante no son los comunicados ni las fotografías de última hora, sino que las obras se ejecuten y que la planta de tratamiento funcione correctamente para garantizar la continuidad de las operaciones del parque”, señalaron los diputados durante su recorrido por la Zona Sur.
Los legisladores indicaron que continuarán fiscalizando las acciones del Poder Ejecutivo y exigirán que los recursos generados por el propio Parque Nacional Corcovado sean reinvertidos en su conservación y operación, con el fin de evitar el cierre de una de las áreas protegidas más importantes del planeta.
Corcovado es reconocido internacionalmente como uno de los sitios con mayor biodiversidad del mundo y constituye un motor económico para decenas de comunidades del Pacífico Sur. Un eventual cierre de la Estación Biológica Sirena no solo comprometería las labores de conservación e investigación científica, sino que también tendría un impacto directo sobre cientos de empleos vinculados al turismo, consolidando una crisis que, según advierten distintos sectores, pudo haberse evitado mediante una inversión oportuna de los recursos que el propio parque ha generado.
