Diputadas del bloque democrático alertan de mecanismo para un mayor endeudamiento público sin necesidad de autorización del congreso.
6 de julio, 2026
Un nuevo frente de discusión política se abrió en torno al manejo de la deuda pública luego de que diputaciones del bloque democrático cuestionaran el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para colocar deuda en moneda extranjera mediante un decreto ejecutivo, una herramienta que, según sostienen, reduce el control político que históricamente ha ejercido la Asamblea Legislativa sobre este tipo de operaciones.
Las preocupaciones surgieron tras revelarse que el Ministerio de Hacienda ha realizado emisiones de títulos de deuda interna denominados en euros en el mercado costarricense, adquiridos por inversionistas extranjeros a través de intermediarios locales, sin requerir una autorización específica del Congreso para cada colocación. El mecanismo fue establecido mediante un decreto firmado en julio de 2025 por el entonces presidente Rodrigo Chaves y el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
De acuerdo con el planteamiento formulado por las legisladoras Diana Murillo y Ángela Aguilar (PLN) y María Eugenia Román (FA) durante una mesa de trabajo con autoridades del Ministerio de Hacienda y representantes del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Contraloría General de la República (CGR), esta modalidad representa un cambio significativo en la forma en que el Estado costarricense accede al financiamiento internacional, al utilizar una figura jurídica que, aunque se desarrolla dentro del mercado interno, incorpora capital proveniente del exterior sin pasar por el debate y la aprobación legislativa que tradicionalmente han acompañado las emisiones de deuda externa.
Las congresistas sostienen que el tema trasciende una discusión técnica sobre instrumentos financieros y abre un debate de fondo acerca de los mecanismos de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. A su criterio, la autorización parlamentaria constituye un elemento esencial para garantizar transparencia, rendición de cuentas y control democrático sobre el crecimiento de la deuda pública. Para Román, el procedimiento seguido por Hacienda podría presentar roces constitucionales con el artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política.
Mientras desde la Asamblea Legislativa aumentan las voces de preocupación, el Gobierno continúa utilizando la figura creada mediante decreto para diversificar las fuentes de financiamiento del Estado. Según la normativa, el objetivo es captar recursos destinados a cubrir las necesidades financieras del Gobierno Central y administrar de manera más eficiente el portafolio de deuda mediante la diversificación por moneda, plazo, tasa de interés y origen de los recursos.
Hasta la fecha, Hacienda ha concretado tres emisiones de bonos en euros bajo este mecanismo, acumulando colocaciones por aproximadamente 3.000 millones de euros, sin que dichas operaciones requieran autorización legislativa específica como ocurre con los eurobonos emitidos directamente en mercados internacionales. El tema también ha generado un intenso debate jurídico. Mientras sectores de oposición sostienen que el procedimiento debilita el control constitucional que corresponde al Congreso sobre el endeudamiento del Estado, el exministro de Hacienda y actual diputado Nogui Acosta ha rechazado esa interpretación, argumentando que el endeudamiento ya cuenta con autorización legislativa al aprobarse el Presupuesto Nacional y el límite anual de financiamiento autorizado por la Asamblea Legislativa.
No obstante, para los diputados del bloque democrático la discusión no se limita al cumplimiento formal de la legislación presupuestaria, sino a la necesidad de preservar el principio de control político sobre decisiones que comprometen las finanzas públicas del país durante varios años.
Especialistas en finanzas públicas han señalado que Costa Rica enfrenta el desafío permanente de financiar sus obligaciones al menor costo posible, pero también de mantener mecanismos institucionales sólidos que garanticen transparencia y supervisión en el manejo de la deuda estatal.
La controversia promete mantenerse en la agenda política durante las próximas semanas, mientras distintos sectores analizan si el mecanismo establecido mediante decreto requiere modificaciones legales o una revisión de su alcance jurídico para asegurar un adecuado equilibrio entre la eficiencia financiera y el control democrático de las decisiones que comprometen los recursos públicos.
