Costa Rica suma dos años consecutivos con más de 3.000 denuncias por relaciones sexuales con personas menores de edad

8 de julio, 2026

San José | Costa Rica.

Costa Rica mantiene una tendencia preocupante en los delitos sexuales contra personas menores de edad. Un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional (UNA), en conjunto con el programa PRIDENA de la Universidad de Costa Rica (UCR), revela que el país acumula dos años consecutivos con más de 3.000 denuncias por el delito de relaciones sexuales con personas menores de edad, una situación que especialistas consideran una señal de alerta para el Estado y la sociedad.

La investigación, titulada Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, fue desarrollada a solicitud del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) con el objetivo de analizar la realidad de la explotación sexual comercial en los cantones de Puntarenas, Garabito y Corredores, zonas identificadas como vulnerables por su actividad turística y condiciones socioeconómicas.

Según los datos recopilados del Ministerio Público, durante 2024 se registraron 3.932 denuncias por relaciones sexuales con personas menores de edad. A estas cifras se suman las 3.203 denuncias contabilizadas hasta septiembre de 2025, consolidando dos años consecutivos con más de tres mil casos reportados.

El comportamiento histórico evidencia además un incremento sostenido en comparación con años anteriores. En 2023 se contabilizaron 4.084 denuncias, la cifra más alta del período analizado, mientras que en 2022 hubo 2.239 casos, en 2021 se registraron 2.463 y en 2020 fueron 2.772 denuncias.

Aunque los investigadores aclaran que estas denuncias no pueden vincularse automáticamente con casos de explotación sexual comercial, sí representan un indicador del aumento de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Costa Rica.

El informe señala que este comportamiento obliga a reforzar las políticas públicas dirigidas a la prevención, la detección temprana y la atención integral de las víctimas, además de fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal para combatir estos delitos de manera más efectiva.

Como parte del estudio, los investigadores identificaron 13 casos de explotación sexual comercial de personas menores de edad ocurridos entre 2023 y 2024 en los cantones analizados. Aunque el número parece reducido frente al total de denuncias, los especialistas advierten que este tipo de delito suele presentar importantes niveles de subregistro debido al miedo de las víctimas, la manipulación ejercida por los agresores y las dificultades para detectar estas redes de explotación.

Los autores del estudio sostienen que el fenómeno requiere un abordaje interinstitucional que involucre al PANI, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, el sistema educativo, los gobiernos locales y organizaciones comunitarias, con el fin de reducir los factores de riesgo y garantizar la protección efectiva de la población menor de edad.

Asimismo, hacen un llamado a fortalecer los mecanismos de educación sexual integral, promover campañas permanentes de sensibilización y facilitar canales seguros para la denuncia, de manera que las víctimas puedan acceder oportunamente a los servicios de protección y justicia.

La investigación concluye que el incremento sostenido en las denuncias refleja la necesidad de mantener el tema como una prioridad nacional. Para los especialistas, la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia requiere no solo respuestas judiciales contundentes, sino también estrategias preventivas que permitan disminuir la incidencia de estos delitos y romper los ciclos de violencia que afectan a miles de personas menores de edad en el país.