Escándalo de créditos fiscales suma nuevas revelaciones y aumenta la presión sobre las investigaciones
Política | Panamá | 17 de julio de 2026
El presunto fraude millonario relacionado con el manejo de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos (DGI) continúa generando repercusiones políticas, judiciales e institucionales en Panamá. Mientras el Ministerio Público mantiene abiertas varias investigaciones sobre la denominada trama de los créditos fiscales, nuevas revelaciones apuntan a la participación de operaciones financieras que habrían involucrado contratos de cesión por montos multimillonarios, incrementando la presión para esclarecer el alcance de la red y determinar las responsabilidades correspondientes.
Durante las últimas horas, documentos divulgados por el medio Destino Panamá señalan que BAC International Bank habría participado en la adquisición de créditos fiscales mediante contratos de cesión que superan los 18 millones de dólares. Según la información publicada, uno de los casos corresponde a una oferta interna realizada en marzo de 2024 para negociar créditos fiscales por aproximadamente ocho millones de dólares con un descuento del 10 %, lo que representaba un beneficio económico cercano a los 800 mil dólares para la operación.
La documentación también hace referencia a otro contrato por más de 10,8 millones de dólares suscrito entre la entidad bancaria y una sociedad actualmente vinculada a la investigación penal. Dichos créditos habrían sido originados como supuestos pagos en exceso registrados dentro del sistema tributario panameño, mecanismo que ahora forma parte de las diligencias desarrolladas por las autoridades.
El caso se desprende de una auditoría realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual detectó presuntas irregularidades en la plataforma E-tax 2.0 de la DGI. De acuerdo con ese informe, entre julio de 2022 y mayo de 2025 se habrían ejecutado ajustes y transferencias irregulares de créditos fiscales por más de 42 millones de dólares mediante la intervención de funcionarios públicos y sociedades intermediarias, ocasionando un presunto perjuicio patrimonial al Estado panameño.
Las investigaciones han derivado en la denominada Operación Pandora, mediante la cual la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realizó allanamientos simultáneos y la captura de exfuncionarios, abogados y particulares señalados por delitos como corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental. La causa continúa en etapa judicial y aún no existe una sentencia definitiva sobre los hechos investigados.
En respuesta a las publicaciones, BAC International Bank ha sostenido públicamente que adquirió los créditos fiscales “de buena fe”, asegurando que estos ya figuraban como válidos dentro del sistema oficial de la DGI al momento de concretar las operaciones. La entidad también ha rechazado haber manipulado la plataforma E-tax 2.0 o haber participado en actividades ilícitas, insistiendo en que actuó conforme a la información disponible durante las transacciones.
El caso mantiene un intenso debate público sobre la fortaleza de los controles internos del sistema tributario panameño. Especialistas y sectores políticos han advertido que las presuntas vulnerabilidades detectadas evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, auditoría y ciberseguridad dentro de la administración tributaria para evitar que esquemas similares puedan repetirse.
Mientras continúan las diligencias judiciales, diversos actores políticos han solicitado que las investigaciones avancen con celeridad y alcancen a todos los posibles responsables, independientemente de su posición dentro del sector público o privado. El desarrollo del proceso será determinante para esclarecer la magnitud del presunto fraude y para definir eventuales responsabilidades penales y administrativas, en un caso que ya es considerado uno de los mayores escándalos recientes relacionados con la gestión tributaria en Panamá.
