Estados Unidos rechaza protesta diplomática de México por muertes de migrantes bajo custodia del ICE y aumenta la tensión bilateral
Política | México | 18 de julio 2026
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión diplomática luego de que el Departamento de Estado estadounidense rechazara formalmente las protestas presentadas por el Gobierno mexicano en torno a las muertes de ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Polémica inició en Washington
La controversia surgió después de que Washington devolviera al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, las cartas de protesta enviadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en las que se solicitaba el cese de prácticas y omisiones que, según el Gobierno mexicano, han contribuido al fallecimiento de al menos 17 ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.
La respuesta estadounidense fue contundente. Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, sostuvo que las comunicaciones mexicanas pretendían influir en la manera en que las autoridades estadounidenses ejecutan sus funciones dentro de territorio soberano de Estados Unidos. En ese sentido, recomendó que cualquier preocupación sea canalizada exclusivamente mediante los mecanismos diplomáticos tradicionales.
El intercambio refleja un endurecimiento en la relación bilateral respecto a la política migratoria, uno de los temas más sensibles para ambos gobiernos. Mientras México ha elevado el tono de sus reclamos por considerar que existen posibles violaciones a los derechos humanos de sus connacionales, Washington insiste en que las decisiones operativas del ICE forman parte de asuntos internos que no admiten injerencia extranjera.
Protestas más allá de lo diplomático
Las protestas mexicanas no se limitan al ámbito diplomático. En los últimos días, el Gobierno anunció la presentación de denuncias penales ante autoridades estatales y federales de Estados Unidos, además de gestiones ante organismos internacionales, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de que se investiguen las circunstancias en que ocurrieron las muertes.
Uno de los casos que ha generado mayor repercusión es el de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que falleció durante un operativo del ICE en Houston. Las circunstancias de su muerte continúan siendo objeto de versiones contrapuestas entre las autoridades estadounidenses y familiares, mientras el caso se ha convertido en un símbolo de las críticas hacia la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Diversas organizaciones de derechos humanos también han manifestado preocupación por el incremento de fallecimientos bajo custodia migratoria. Informes recientes advierten sobre un aumento de las muertes en centros de detención del ICE y cuestionan las condiciones de atención médica, supervisión y transparencia en estos establecimientos, elementos que han intensificado el debate sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Pese al rechazo estadounidense, el Gobierno mexicano ha reiterado que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para exigir investigaciones independientes y garantizar justicia para las víctimas y sus familias. La administración de Claudia Sheinbaum sostiene que la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior constituye una obligación del Estado y que la cooperación bilateral debe desarrollarse sobre la base del respeto mutuo y la responsabilidad compartida.
Este nuevo desencuentro evidencia que la agenda migratoria continúa siendo uno de los principales focos de fricción entre ambos países. Aunque México y Estados Unidos mantienen una estrecha cooperación en materia comercial, seguridad y combate al crimen organizado, las diferencias sobre el manejo de la migración y la protección de los derechos humanos amenazan con seguir marcando la relación bilateral durante los próximos meses.



