Costa Rica al borde del abismo institucional: Gobierno acusa de “golpe de Estado” a la Sala IV y desata la peor crisis de poderes en décadas
Política | Costa Rica | 4 de agosto 2026.
La democracia costarricense, considerada durante décadas como la más sólida y estable de América Latina, atraviesa uno de sus momentos más críticos. El choque entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia escaló esta semana a niveles inéditos, luego de que la presidenta Laura Fernández calificara de “golpe de Estado” una resolución de la Sala Constitucional (Sala IV).
El conflicto se originó tras un fallo emitido el jueves 30 de julio, mediante el cual la Sala IV prorrogó de manera indefinida el nombramiento de los magistrados suplentes del tribunal, cuyo período había vencido desde el 16 de diciembre de 2025. La medida buscaba evitar la parálisis del sistema de justicia constitucional, luego de que el proceso de nombramiento llevara siete meses en discusión, con once ocasiones en que los legisladores no lograron elegir a los sustitutos.
La reacción del Gobierno fue inmediata y contundente. Acompañada de los diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano, la mandataria acusó a los cuatro magistrados que avalaron la decisión de ser “golpistas”, argumentando que la prórroga de los nombramientos es una facultad exclusiva de los legisladores y que el tribunal se atribuyó competencias que no le corresponden. Por su parte, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció que presentará una querella por presunto prevaricato contra los magistrados que respaldaron el fallo.
La respuesta del Poder Judicial no se hizo esperar. El magistrado Jorge Araya calificó las declaraciones presidenciales de “profundamente” lamentables, señalando que el concepto de golpe de Estado no tiene ningún asidero en la doctrina clásica ni contemporánea, y que la resolución representa exactamente lo contrario a una ruptura del orden constitucional. Además, el magistrado pidió al Gobierno esperar la notificación íntegra de la sentencia antes de emitir juicios de esa magnitud.
Sectores de oposición también se han pronunciado. La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, calificó las declaraciones de Fernández y del oficialismo como “temerarias e irresponsables”, mientras que otros legisladores defendieron el fallo argumentando que la alternativa habría significado dejar sin resolución recursos ciudadanos vinculados a medicamentos, tratamientos y servicios públicos esenciales.
Este episodio no es un hecho aislado. Se trata de un nuevo capítulo en los conflictos sostenidos entre el Gobierno de Fernández —y el de su antecesor y mentor Rodrigo Chaves, quien hoy funge como ministro de Hacienda y de la Presidencia— con el Poder Judicial, que mantiene investigaciones abiertas contra numerosos funcionarios del oficialismo. Analistas advierten que la confrontación responde a un patrón sostenido de tensión institucional que ha caracterizado la gestión chavista-fernandista, marcada por el estilo de ejercer el poder mediante el conflicto público y la presión constante sobre los órganos de control.
La crisis se produce en un contexto donde organizaciones sociales han documentado retrocesos en materia de justicia, educación y derechos humanos, mientras la ciudadanía enfrenta una realidad marcada por altos índices de violencia y desigualdad. La confrontación abierta entre los tres poderes de la República no solo pone en entredicho la gobernabilidad del país, sino que representa una advertencia para toda la región: incluso las democracias consideradas más consolidadas no están exentas de la erosión progresiva de sus contrapesos institucionales cuando el discurso del enfrentamiento se normaliza como herramienta de gobierno.
