Hacienda da marcha atrás y desbloquea ₡3.053 millones al Poder Judicial
Política | Costa Rica | 17 de agosto, 2026
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica revirtió este lunes su decisión de retener ₡3.053 millones (unos 6 millones de dólares) del presupuesto asignado al Poder Judicial, luego de casi un mes de tensión entre ambas instituciones por el manejo de las finanzas públicas del país.
La rama judicial confirmó el cambio de postura en un comunicado divulgado la mañana de este 17 de agosto, poniendo fin —al menos por ahora— a un conflicto que había generado preocupación entre jueces, fiscales y personal administrativo sobre la continuidad de sus operaciones en la segunda mitad del año.
El origen del conflicto
La disputa se remonta al 20 de julio, cuando la Corte Plena, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial costarricense, fue notificada de que Hacienda retendría los fondos en dos tractos de ₡1.526 millones cada uno: el primero correspondiente al 10% del presupuesto asignado para el tercer trimestre de 2026, y el segundo al 10% del cuarto trimestre.
El ministerio justificó la medida invocando “la situación fiscal del país”, en un contexto de ajuste del gasto público que el Gobierno costarricense ha aplicado a distintas instituciones estatales durante el año.
Sin embargo, la presidencia de la Corte no tardó en responder. El 28 de julio presentó un recurso de revocatoria contra la retención, argumentando que se trataba de dinero ya presupuestado y aprobado, cuya suspensión comprometía directamente el funcionamiento ordinario de la administración de justicia, incluidos procesos judiciales, salarios y servicios esenciales para la población.
La marcha atrás de Hacienda
Tras casi tres semanas de gestiones, Hacienda notificó al Poder Judicial que dejaría sin efecto la retención, restituyendo así el acceso completo a los ₡3.053 millones originalmente comprometidos. El anuncio no incluyó, hasta el momento, mayores detalles públicos sobre las razones específicas que motivaron el cambio de decisión por parte del ministerio, más allá de la respuesta favorable al recurso presentado por la Corte.
Para el Poder Judicial, la resolución representa un alivio inmediato de cara a los próximos meses, en los que debía operar con esos recursos para sostener su presupuesto ordinario correspondiente al segundo semestre de 2026.
Un episodio más en la tensión fiscal del Estado costarricense
El caso se suma a una serie de fricciones recientes entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones públicas de Costa Rica en torno al control del gasto y la disciplina fiscal, en momentos en que el Gobierno busca cumplir con las metas de responsabilidad fiscal establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Este tipo de choques presupuestarios entre Hacienda y órganos con independencia constitucional —como el Poder Judicial— no son inusuales en Costa Rica, donde el debate sobre cuánto margen tiene el Ejecutivo para intervenir en presupuestos ya aprobados por la Asamblea Legislativa suele derivar en disputas legales y políticas.
Por ahora, el episodio queda resuelto sin llegar a instancias judiciales o constitucionales adicionales, aunque no descarta que situaciones similares vuelvan a plantearse en momentos de estrechez fiscal durante lo que resta del año.
