Bloque Democrático lleva ante la Sala IV el decreto de “secreto de Estado” de Laura Fernández por opacidad en seguridad y contrataciones

Política | Costa Rica | 19 de agosto, 2026

Las bancadas de PLN, Frente Amplio, PUSC y CAC piden la suspensión inmediata del Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, al que acusan de blindar sin control el gasto en seguridad pública

El Bloque Democrático, integrado por las fracciones legislativas de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Curridabat Aquí Cambiamos (CAC), presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional contra el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, firmado por la presidenta de la República, Laura Fernández. El decreto declara secreto de Estado el manejo de presupuestos, compras públicas y contrataciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la denominada “Fuerza Élite”.

Según el comunicado difundido por las diputadas y diputados del Bloque, la medida “impone un cerco de opacidad” sobre esas instituciones al ampliar el concepto de seguridad nacional hasta cubrir información que, sostienen, debería estar sujeta a fiscalización pública. Los legisladores pidieron además a la Sala IV la suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo del caso.

El Bloque Democrático argumenta que el decreto vulnera dos artículos de la Constitución Política. El primero es el artículo 27, que garantiza el derecho de petición ante cualquier funcionario o entidad pública y el derecho a obtener pronta resolución. Los diputados sostienen que el decreto “anula la facultad de la ciudadanía y de la representación legislativa de exigir cuentas claras” sobre el uso de fondos públicos.

El segundo es el artículo 30, que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con fines de información sobre asuntos de interés público, aunque deja a salvo los secretos de Estado. Para el Bloque, el Ejecutivo incurrió en un “exceso interpretativo” al convertir esa excepción constitucional, pensada como algo restringido y excepcional, en una regla general de opacidad que protege decisiones administrativas, licitaciones y contrataciones.

El texto de la acción judicial, según cita el comunicado, advierte que “una declaratoria general e indiscriminada de secreto sobre información de esta naturaleza desborda el carácter excepcional que constitucionalmente puede atribuirse al secreto de Estado y convierte una limitación extraordinaria en una regla general de opacidad”.

Los firmantes reconocen que existen asuntos de seguridad que legítimamente deben mantenerse bajo reserva, pero insisten en que esa reserva debe ser “excepcional, proporcional y justificada”, y que por tratarse de una limitación a derechos fundamentales es materia de reserva de ley, no de un decreto ejecutivo.

Riesgo de persecución política, advierte el Bloque

Más allá del argumento de transparencia fiscal, el comunicado plantea una advertencia política: la falta de fiscalización sobre el aparato de seguridad pública no solo abriría la puerta a negocios poco transparentes con el Estado, sino que “configura una amenaza real de persecución política mediante el uso discrecional y sin control” de ese aparato.

El decreto cuestionado se inscribe en un contexto de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional, que en los últimos meses ha sido escenario de varios choques institucionales durante la administración Fernández. La acción presentada por el Bloque Democrático se suma a otros frentes de litigio constitucional abiertos contra decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad y gasto público.

De acogerse la solicitud de suspensión, el Decreto N.° 45870-MSP quedaría inaplicable mientras la Sala IV analiza si la clasificación como secreto de Estado del gasto en seguridad pública se ajusta o no a la Constitución. El Bloque Democrático cerró su comunicado con un mensaje directo al Gobierno: “La seguridad nacional no se defiende ocultando facturas ni debilitando el Estado de Derecho; se defiende con rendición de cuentas, legalidad y absoluto respeto a la Constitución”.

La Sala Constitucional no ha fijado aún fecha para resolver sobre la admisibilidad de la acción ni sobre la medida cautelar solicitada.