Sube a 70.692 la cantidad de viviendas ubicadas en precarios de Costa Rica
Vivienda | Costa Rica | 25 de agosto, 2026
Al mismo tiempo Costa Rica atraviesa una reducción del presupuesto dedicado a la vivienda para la población con menos recursos.
Precarios, tugurios, ranchos o chinchorros. Con el paso de los años la sociedad le ha llamado de distintas formas a las comunidades que nacen y se desarrollan en medio de condiciones irregulares de titulación, sin servicios públicos dignos, con hacinamiento y alta vulnerabilidad socioespacial.
Más recientemente, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) se refiere al fenómeno como “asentamientos informales”. Esto permite agrupar a todas estas comunidades a pesar de sus grandes diferencias.
Pero indiferentemente del nombre, lo cierto es que según los resultados de la más reciente medición, en Costa Rica creció el número de viviendas ubicadas en este tipo de asentamientos, así como también aumentó la cantidad de personas que conviven en estos lugares.
El número de asentamientos registrados pasó de 576 a 572 entre el 2024 y el 2026. Mientras tanto, las viviendas estimadas aumentaron de 60.354 a 70.692. Por su parte, la población en asentamientos informales sube de 183.607 a 232.600. Se estima que en la actualidad hay asentamientos de este tipo en 64 de los 84 cantones de Costa Rica.
Así se desprende del Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, elaborado por el CFIA. Los resultados se publicaron el pasado jueves 20 de agosto. Haga clic aquí para poder ver el informe completo.
Según el informe, las diferencias entre ambos años no pueden atribuirse únicamente a un crecimiento del fenómeno. Los datos también pueden variar por cambios en la metodología usada y en los momentos en los que se recolectó la información.
“Sin embargo, que el universo prácticamente equivalente en número de asentamientos pase a representar alrededor de 183.600 a 232.600 personas evidencia una dificultad persistente: conocer cuántos asentamientos existen no necesariamente significa conocer con precisión su magnitud ni poder seguir sus transformaciones en el tiempo”, señala el informe publicado por el CFIA.
Para los expertos del colegio federado, estos datos permiten señalar que estos asentamientos informales no constituyen situaciones aisladas, sino es el resultado de la forma en la que se ha administrado el territorio.
“Resulta difícil valorar en qué medida la inversión de recursos públicos ha modificado efectivamente las condiciones que dieron origen al asentamiento, prevenir la reocupación de las áreas liberadas o identificar la consolidación de nuevos procesos de ocupación informal”, dice el informe.
La reciente publicación del CFIA también destaca que este no es un fenómeno únicamente del Gran Área Metropolitana (GAM), pues cerca de la mitad de los asentamientos se ubican fuera de ella.
Los 10 distritos con mayor porcentaje de población en asentamientos informales:
- Río Azul de la Unión: 78,6%
- Tirrases de Curridabat: 68,1%
- La Uruca de San José: 46,9%
- Santa Elena de La Cruz: 36%
- San Felipe de Alajuelita: 34,5%
- Los Guido de Desamparados: 25%
- Jacó de Garabito: 23,6%
- San Rafael de La Unión: 23,1%
- Las Juntas de Abangares: 22,3%
- Patarrá de Desamparados: 22,3%
- León XIII, Tibás: 21,4%
- Chacarita de Puntarenas: 19,1%
Baja la inversión en vivienda social
Mientras la población que vive en estos asentamientos no da señales de reducción, lo que sí muestra un comportamiento a la baja es la inversión que hace el Estado de Costa Rica a la vivienda social, es decir, la que va dirigida a las familias con menos recursos económicos.
Por ejemplo, el mismo CFIA reportó que durante los dos primeros años de la Administración Chaves Robles (2022 y 2023) se entregaron en promedio 3.600 bonos de vivienda menos cada año.
Mientras tanto, cálculos hechos por legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) señalan que la Administración Chaves Robles entregó 11.485 viviendas menos que las entregadas por los cuatro gobiernos anteriores.
Los recortes en materia de vivienda parecen no detenerse. A finales del 2025 el Gobierno anunció que otorgaría 14.000 bonos a hogares con un presupuesto de casi 187.000 millones de colones.
Sin embargo, bajo el mando de la nueva presidenta, Laura Fernández Delgado, se hará un recorte de 30.000 millones al Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fusovi) que se traducirá en 2.300 bonos menos. La nueva meta es de 11.700 bonos.
