Fiscalía Anticorrupción investiga a Freddy González por presunta violación de datos de asistentes al traspaso de poderes
Política | Costa Rica | 2 de setiembre, 2026
El secretario general de Pueblo Soberano dijo en televisión que su partido sabía quiénes eran los simpatizantes del Frente Amplio que asistieron al acto del 8 de mayo. Días después negó haber accedido a base de datos alguna.
La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación penal contra Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por el presunto delito de violación de datos, luego de que el dirigente afirmara públicamente en una entrevista que su partido contaba con información sobre simpatizantes del Frente Amplio que asistieron al traspaso de poderes del 8 de mayo.
La causa se tramita bajo el número 26-000303-1218-PE y será remitida a la Fiscalía Adjunta de Goicoechea, donde continuará el proceso, según confirmó el Ministerio Público al diario La Nación, que reveló la apertura del expediente este 2 de setiembre.
El origen del caso son declaraciones que González dio el 12 de agosto en el programa Tertulia de Noche. Allí sostuvo que la presencia de simpatizantes de izquierda en la ceremonia estaba prevista y que el partido ya tenía identificadas a esas personas: dijo saber quiénes son, dónde están y cuáles son sus gustos y preferencias. Agregó que se les había asignado el área de sol del recinto.
Versiones que no calzan
El 18 de agosto, en una llamada con La Nación, González explicó que esa información había quedado registrada en la base de datos que se llenó cuando las personas se inscribieron para retirar su entrada al acto.
Sin embargo, al preguntársele si él o el PPSO habían ingresado a esa base, lo negó de forma categórica: afirmó que no habían accedido a ninguna base de datos y que se trataba de información general. Y cuando se le solicitó el listado de las personas que aseguró tener identificadas, respondió que eso correspondía a la organización del evento y que jamás entregarían datos de la base a nadie.
La contradicción es el punto central del caso: González aseguró primero tener la información y luego negó la vía por la cual pudo haberla obtenido.
A ello se suma su doble rol. El dirigente no participó únicamente como cuadro partidario: fungió como coordinador de logística en la organización del traspaso de poderes, un acto de Estado financiado con fondos públicos.
La respuesta del Gobierno
La presidenta Laura Fernández calificó como “muy grave” la posibilidad de que Pueblo Soberano dispusiera de información sobre simpatizantes del Frente Amplio y afirmó desconocer cómo el dirigente pudo obtenerla. Ordenó a la Comisión Organizadora del Traspaso de Poderes rendir un informe sobre el manejo de los datos recopilados.
La Comisión respondió que, para gestionar las entradas, únicamente se solicitó nombre completo, número de identificación, teléfono y correo electrónico, y que esos datos se utilizaron exclusivamente para el ingreso y la entrega del código QR. Sostuvo además que la información no fue distribuida, compartida, cedida ni trasladada a instituciones públicas ni a entidades privadas.
El informe, no obstante, dejó sin respuesta dos preguntas clave: cómo obtuvo González la información que dijo tener y si, por sus funciones logísticas, tuvo acceso al registro de asistentes. Ese vacío es el que ahora deberá esclarecer el Ministerio Público.
La apertura de la causa no implica imputación formal ni determinación de responsabilidad. En Costa Rica, el tratamiento de datos personales está regulado por la Ley 8968, y su uso indebido puede derivar en responsabilidad penal, con agravantes cuando la información se obtiene en el ejercicio de funciones públicas.
