Política | Costa Rica | 12 de agosto, 2026
La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Costa Rica continúa intensificándose. Lo que hace meses eran cruces de declaraciones entre funcionarios se ha transformado en una disputa de fondo que toca la independencia judicial, el equilibrio entre los poderes de la República y el funcionamiento mismo de la Sala Constitucional.
El proyecto que encendió la disputa
En el centro del conflicto está la iniciativa de la diputada oficialista Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien presentó un proyecto de ley para trasladar a la Asamblea Legislativa la elección del fiscal general de la República, una atribución que hoy corresponde a la Corte Plena. La propuesta, tramitada bajo el expediente 25.634, denominado “Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y el Control Democrático del Ministerio Público”, plantea reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y añadir un artículo 23 bis.
Esquivel defiende que el cambio busca dotar al Ministerio Público de mayor rendición de cuentas mediante un concurso público con reglas claras y mecanismos efectivos de supervisión.
La respuesta de la Corte Plena
Este lunes 10 de agosto, la Corte Plena aprobó un informe que recomienda rechazar por completo la iniciativa, al considerar que incide gravemente en el funcionamiento del Poder Judicial y representaría una intromisión política en la persecución de delitos. El dictamen, expuesto por la magistrada Patricia Solano, advierte que si la continuidad del fiscal depende de los legisladores, se generaría un conflicto de interés capaz de desincentivar la persecución penal contra figuras políticas o incentivar la persecución selectiva de opositores.
La magistrada Patricia Vargas fue aún más lejos: calificó la iniciativa como “peligrosa desde la democracia misma” y advirtió que socava y debilita la función del cargo de fiscal general.
El respaldo al informe fue amplio: se aprobó con 15 votos a favor y seis abstenciones, correspondientes a los integrantes de la Sala Constitucional. Como consecuencia práctica, la decisión implica que el proyecto necesitará 38 votos en el plenario legislativo para su eventual aprobación, un umbral de mayoría calificada muy superior al que hoy reúne la bancada oficialista.
“No nos va a detener”
Pese al criterio de la Corte, Esquivel insistió en que el trámite legislativo seguirá su curso, argumentando que es preferible que la elección quede en manos de los diputados y no de “22 magistrados”. Organizaciones como la Asociación Costarricense de la Judicatura ya habían advertido semanas antes que el proyecto trasladaría un proceso que debería fundamentarse en criterios técnicos e idoneidad hacia un escenario de naturaleza política.
Vale mencionar que Esquivel enfrenta actualmente una investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, vinculada a su gestión al frente de la Caja Costarricense de Seguro Social, un dato que alimenta el debate público sobre el momento y la motivación de la propuesta.
