Contrato con Open English enciende dudas sobre el uso de fondos públicos en Costa Rica

Política | Costa Rica | 11 de agosto, 2026

La contratación multimillonaria entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la empresa Open English, para operar el programa gratuito de inglés “Hello Brete”, continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la iniciativa, luego de que analistas, académicos y sectores políticos señalaran inconsistencias en las cifras presentadas por el Gobierno.

El pasado 13 de abril, el entonces presidente Rodrigo Chaves Robles anunció, junto al fundador y CEO de Open English, Andrés Moreno, el lanzamiento de la plataforma, que ofrecerá hasta 500.000 licencias anuales —y hasta dos millones en cuatro años— para que personas mayores de 15 años estudien inglés sin costo. El mandatario presentó la inversión total en 74 millones de dólares para todo el periodo, una cifra que calificó como una “fracción” del gasto educativo destinado a otros rubros del país.

Números que no cuadran

Sin embargo, medios especializados detectaron que esa cifra no se ajusta con el precio unitario que el propio Gobierno reveló: cerca de 80 dólares por licencia al año. Si se multiplica ese monto por las 500.000 licencias anuales proyectadas durante cuatro años, el gasto podría llegar hasta 160 millones de dólares, más del doble de los 74 millones anunciados públicamente, sin que las autoridades hayan explicado con claridad esa diferencia.

La adjudicación fue otorgada a un consorcio liderado por Open English junto con Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) bajo el nombre “Say Pura Vida!”, se tramitó mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). El proceso enfrentó al menos un recurso de apelación de empresas competidoras, presentado ante la Contraloría General de la República, el cual fue rechazado en febrero por motivos formales, según informó ese órgano contralor.

Críticas desde la política y la academia

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, calificó públicamente la inversión como “un regalo de dinero” hacia una plataforma que considera de resultados cuestionables, mientras que académicas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje del Tecnológico de Costa Rica describieron el contrato en un artículo de opinión como una posible “estafa” que terminarán pagando todos los contribuyentes, en momentos en que instituciones consolidadas de enseñanza de idiomas, como la Alianza Francesa o el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, no reciben un respaldo estatal comparable.

A esto se suma que Eleonora Badilla, exmiembro de la Junta Directiva del INA, salió de ese puesto en medio de la polémica por la licitación e interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que no fue acogido. El INA explicó que su salida obedeció a un tema de representación y no a la disputa sobre el contrato.

Paralelamente, la Defensoría de los Habitantes abrió una investigación distinta, pero relacionada, luego de que 23 organizaciones y 93 activistas denunciaran que el formulario de inscripción a “Hello Brete” solicitaba datos sensibles, como orientación sexual e identidad de género, en presunta contravención de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

Hasta el momento, ni el INA ni Open English han brindado una explicación pública detallada sobre la discrepancia entre los 74 y los 160 millones de dólares, mientras crece la presión de diputados y organizaciones sociales para que la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa fiscalicen a fondo el destino final de los recursos comprometidos en este contrato, uno de los más grandes suscritos por una institución pública costarricense con una empresa privada en los últimos años.